Durante la última audiencia del desahogo de pruebas en el juicio relacionado con el caso Pegasus, Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial de Grupo KBH y único enjuiciado por la intervención de las comunicaciones de la periodista Carmen Aristegui, reconoció haber estado en el contrato de la operación del software espía con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), aunque aseguró que formó parte solo del “soporte técnico”.

“La entonces Procuraduría tenía la operación del sistema Pegasus y a mí me tocó estar en el contrato como ‘soporte técnico’, pero mi parte era el hardware, no el software”, dijo ante el juez Luis Benítez Alcántara, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

García Rivera aseguró no entender la razón por la cual ha estado encarcelado durante dos años y dos meses, si en el contrato hay “dos personas mencionadas antes que yo, mientras yo no podía acceder al sistema ni llevarme el equipo por tratarse de una cuestión de seguridad nacional”.

“Jairo Riso (colombiano) y Berta Sánchez (española) trabajaban para NSO Group y solo ellos conocen cómo funciona el sistema, cómo funciona la ‘caja negra’, porque a mí nunca me lo permitieron. De hecho, solo por ser mexicano, yo no podía participar en su operación supuestamente para evitar un conflicto de interés o filtración de la información. Entonces no entiendo por qué la Fiscalía General de la República no los investigó primero”, dijo.

De acuerdo con la versión de los hechos de García Rivera, estas dos personas mencionadas en el “Anexo Técnico” del contrato eran las que atendían las fallas del software, daban la capacitación avanzada del sistema y conocían su operación.

“Por eso no entiendo por qué estoy aquí. Me han querido ligar a las empresas, pero yo solo trabajaba para ellos, pero ahora viene la Fiscalía y me propone un trato de que yo acepte la responsabilidad para reducir mi pena a cambio de explicarles cómo funcionaba todo ¿Cómo voy a aceptar algo que yo no hice? ¿Cómo voy a explicar algo que yo no sé?”, dijo García Rivera.

En mayo de 2023, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), de la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la integración de una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus en 2014 para la entonces PGR.

La contratación fue hecha por Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely Gómez Molano, ex oficial mayor; Vidal Diaz Leal, ex titular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto “G”, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Actualmente Tomás Zerón se encuentra prófugo en Israel y también es acusado por el delito de tortura en el caso Ayotzinapa.

Los delitos imputados en dicha investigación son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, por tratarse de una operación por 460 millones de pesos.

Durante este juicio, el primero y único que existe relacionado a Pegasus en México, un testigo protegido identificado como Zeus afirmó que el espionaje se realizaba bajo las órdenes directas de Peña Nieto y su entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como Eugenio Imaz, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quienes supuestamente se comunicaban directamente con Uri Ansbacher, dueño de KBH.

Pese a lo anterior, García Rivera es el único enjuiciado por la intervención de las comunicaciones de Aristegui, por lo que organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 han llamado a que se investigue a todas las personas implicadas en la cadena de mando para el uso ilegal de Pegasus, incluyendo a los funcionarios públicos de alto nivel involucrados, y que el juicio contra Juan Carlos no sea tratado como un tema entre particulares, sino indagar el aparato de espionaje.

En alusión al testigo protegido “Zeus”, que lo señaló directamente por la intervención a las comunicaciones privadas de Aristegui durante la primera audiencia del juicio, García Rivera aseguró que todo lo que declaró se trató de “una vil y gran mentira” y que incluso eran amigos durante su tiempo trabajando juntos.

“Por eso, lo que ha declarado, me sorprende mucho. Lo único que yo puedo creer que ocurrió es que fue una venganza hacía la empresa, porque de hecho fue despedido, no renunció como dijo él. Incluso, en su último día dijo que nos íbamos a acordar de él. Que yo esté aquí me hace constatar eso”, dijo.

El juez Benitez Alcántara dio por concluida la etapa del desahogo probatorio para dar paso a la etapa de los alegatos de clausura, para lo cual citó a audiencia para el próximo jueves 11 de enero a las 16:00 horas.

En dicha audiencia, la FGR podría reiterar su petición para que García Rivera se mantenga en prisión por 16 años, acusado del delito de intervención de comunicaciones privadas.